En un escenario de tensión institucional y a menos de tres semanas de su cita con la justicia, el abogado Luis Alejandro Ontiveros ha decidido pasar a la ofensiva contra el magistrado que tiene en sus manos su destino procesal. Mientras el reloj corre hacia el 15 de mayo, fecha en la que deberá comparecer como imputado por presunto tráfico de influencias, el letrado formalizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a quien acusa por mal desempeño, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el marco de la investigación vinculada con la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La presentación de Ontiveros ante el órgano encargado de sancionar a los magistrados es contra Díaz Vélez, flamante titular del juzgado federal N° 3, pero que a su vez, como subrogante, tiene a su cargo el juzgado federal N° 1 en el cual está la causa contra. En su escrito, al que tuvo acceso LA GACETA, según la tesis de la defensa, liderada por el abogado Miguel Angel Pierri, el magistrado ha convalidado una "persecución política y mediática" al autorizar medidas que Ontiveros califica de ilegales, como el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de bienes.

El expediente se originó hace un año tras la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, un funcionario de ARCA que aseguró que Ontiveros le exigió sumas de hasta 180.000 dólares para favorecer a su hijo Jerónimo en un proceso penal. La acusación del fiscal Agustín Chit apunta a que el abogado vendía una influencia "aparente" basada en su estrecho vínculo con el camarista Mario Leal, de quien se presentaba como sobrino y con quien compartía bienes y tarjetas de crédito. Sin embargo, en su denuncia ante el Consejo, Ontiveros afirma que el juez Díaz Vélez “ha permitido que la fiscalía incurra en una evidente expedición de pesca, violentando garantías constitucionales básicas de defensa en juicio".

Uno de los puntos más ríspidos de la denuncia radica en la comparación que Ontiveros realiza con otros procesos llevados adelante por el mismo magistrado. El abogado señala una supuesta “selectividad” en la rigurosidad investigativa de Díaz Vélez, mencionando específicamente el caso de Felipe ‘el militar’ Sosa. “Resulta imperioso investigar si las conductas aquí denunciadas aparecen en causas sensibles relacionadas al narcotráfico, donde el mismo magistrado habría tenido un criterio de laxitud que contrasta con la arbitrariedad manifiesta que aplica en mi contra”, afirma el denunciante.

La estrategia de Ontiveros, en pugna con la querella representada por Juan Andrés Robles, busca instalar que existe un "fraude a la ley" en la instrucción. Según el escrito, hay un “linchamiento mediático” que tiene como objetivo final dañar la postulación de su pareja Solana Casella, candidata al juzgado federal N° 1 de Tucumán. Ontiveros afirmó que “el magistrado denunciado ha perdido la objetividad necesaria, convirtiéndose en un ariete de intereses extraprocesales que buscan condicionar las ternas del Consejo de la Magistratura”.

El documento presentado ante la Comisión de Acusación solicita que se investigue si Díaz Vélez incurrió en el delito de prevaricato, alegando que dictó resoluciones contrarias a la ley basándose en hechos falsos o distorsionados por el denunciante. “Se ha convalidado un relato plagado de inconsistencias técnicas, como la identificación errónea de vehículos y la falsedad en la ubicación de antenas de telefonía, lo que demuestra una negligencia grave en la valoración de la prueba de cargo”, sostiene Ontiveros en su acusación contra quien debe indagarlo en pocos días.

A lo largo de las 24 páginas del escrito, se solicita además que el Consejo de la Magistratura oficie al Juzgado Federal de Tucumán para certificar la autenticidad de una serie de resoluciones que el imputado considera arbitrarias. Para Ontiveros, la decisión de levantar el secreto fiscal y financiero sin una prueba directa de entrega de dinero constituye una "invasión a la privacidad sin precedentes en la justicia local". Esta medida, ratificada recientemente por Díaz Vélez, es vista por el denunciante como una maniobra para “buscar cualquier delito ante la imposibilidad de probar el tráfico de influencias original". En su embestida contra el juez Díaz Vélez, Ontiveros considera la instrucción como viciada de parcialidad. “Resulta arbitrario y temerario que se pretenda rastrear la ruta de un dinero que el propio denunciante reconoció no haber entregado jamás, desvirtuando el objeto procesal para transformarlo en una persecución personal", agrega.

El fiscal Chit sostiene la imputación basándose en evidencias entre las que sobresalen las geolocalizaciones de los teléfonos celulares, que sitúan al imputado en los mismos bares y horarios relatados por el denunciante Martínez Salazar Pérez, y una captura de pantalla hallada en el dispositivo de Ontiveros con información sensible de la causa que involucra al hijo del denunciante, según se supo, aunque esto fue negado por Ontiveros en una nota enviada a LA GACETA. A esto se suma la línea investigativa sobre el patrimonio compartido: la fiscalía ha puesto especial énfasis en el requerimiento al Registro Inmobiliario para determinar la titularidad del inmueble en el Barrio Privado Alto Verde donde residen Ontiveros y Casella, bajo la sospecha de que la propiedad, al igual que los vehículos oficiales y las tarjetas de crédito del camarista Leal, forman parte de una estructura de beneficios que el abogado utilizaba para demostrar su llegada a los tribunales federales.

Ontiveros intenta golpear la figura del juez instructor, alegando que "el Dr. Díaz Vélez ha convertido la investigación en un dispendio jurisdiccional orientado a la destrucción del buen nombre y honor de una familia, sin aportar una sola evidencia que vincule un pedido de dinero con una resolución jurisdiccional". Ontiveros plantea un "temor de parcialidad" o enemistad manifiesta. Sin embargo, el magistrado mantiene su competencia y el cronograma procesal sigue firme, mientras los informes de ARCA y los bancos comienzan a llegar al despacho de la fiscalía de Chit.

Puntos considerados clave por Ontiveros que están expuestos en la denuncia:

El auto ajeno: el denunciante dijo haberse reunido con Ontiveros en un Toyota Corolla Cross patente AF397CU. Ese auto nunca fue de Ontiveros -está a nombre de Solana Cainzo, una desconocida (nombre llamativamente similar al de su pareja, Solana Casella). El juez basó en ese dato falso la intervención telefónica (16/05/2025) y la requisa con secuestro de celular (03/06/2025). La defensa pidió en más de cinco oportunidades que se citara a Cainzo a declarar; Díaz Vélez se negó sistemáticamente y sin fundar su negativa. Esa negativa deliberada y reiterada -sumada al hecho de que querellante y fiscal terminaron admitiendo el “error” sin que el juez anulara las medidas- es la prueba directa del dolo: no fue equivocación, fue decisión sostenida de Díaz Vélez de mantener una prueba plantada. Allí quedaría configurado el prevaricato del art. 269 CP.

El audio inaudible: el peritaje TB5/30/01 de Gendarmería concluyó que la grabación del supuesto encuentro aportada por el denunciante era inaudible, dice Ontiveros. El informe entró al expediente el 15/05/2025; al día siguiente 16/05/2025 el juez Díaz Vélez firmó la sentencia de intervención telefónica citando el audio como prueba incriminatoria y replicó en su otra sentencia de requisa y secuestro de celular el 03/06/2025, es decir que el juez sabía o debía saber que el audio era inaudible pero omitió valorarlo para perjudicar a Ontiveros.

Otros puntos:

“Pesca patrimonial” sentencia 14/04/2026: el juez ordenó 13 medidas de investigación financiera masiva (bancos, criptomonedas, AFIP, Mercado Pago, etc.) desde 2022, en una causa por tráfico de influencias donde el propio denunciante reconoció que nunca hubo pago alguno.

Recusación: el juez resolvió él mismo su propia recusación, violando el art. 61 del CPPN. Mostrando un desapego a la norma aplicable que ordena que haga un informe y eleve a su superioridad.

Hijas menores: autorizó incorporar al expediente datos personales y una foto sin difuminar de las hijas de Ontiveros (2 años y 6 meses), sin vínculo con la causa.

Caso Felipe Sosa: se pide investigar un posible patrón de Díaz Vélez respecto que si las mismas conductas , abuso de autoridad , incumplimiento de deberes de funcionario públicos, prevaricato, mal desempeño también estuvieron plasmamos en la investigación que llevó adelante Díaz Vélez y que luego culminó en  el sobreseimiento  a Sosa (luego revocado por la Cámara) en una causa vinculada al narcotráfico.

Ontiveros alertó al Consejo de la Magistratura de la Nación que en las actuaciones de Díaz Vélez “no investigaron los antecedentes de Sosa ni sus vínculos con redes de provisión de estupefacientes, al contrario de lo que ocurrió en la justicia de la provincia, que a pocos días de abierta la investigación logró establecer los vínculos de Sosa como posible distribuidor de estupefacientes y contactos con el narcotráfico internacional”. “Por ello importa que se investigue si hubo o no inacción y/o mal desempeño al llevar adelante la investigación de Felipe Sosa, quien además es investigado en varias causas relacionadas al narcotráfico, por lo que no podría haber pasado desapercibido al juez de la causa, teniendo en cuenta que gracias al sobreseimiento de Díaz Vélez el presunto asesino de Erika Álvarez quedó en libertad”

Según Ontiveros, el prevaricato no se sostiene en interpretaciones ni en su palabra en contra de la del juez. Está documentado, dice, en el propio expediente. Las sentencias se dictaron sobre hechos falsos y plantados (el auto de un tercero ajeno), y la negativa deliberada y reiterada de Díaz Vélez a citar a Cainzo -la única medida que habría desarmado la maniobra- acredita la deliberación y, con ella, el dolo. No hay error de apreciación posible cuando el magistrado tuvo cinco oportunidades de corregir el rumbo y eligió no hacerlo, afirmó.